La Defensoría del Pueblo denunció este lunes diversas irregularidades en los programas de alimentación escolar en por lo menos doce municipios de tres departamentos del país en los que la comida que reciben los niños no cumple las condiciones sanitarias.

La denuncia la hizo la entidad después de visitar las instalaciones de algunos centros educativos en los departamentos de Atlántico, Chocó y La Guajira.

Los problemas fueron encontrados en Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao y Barrancas (La Guajira); Quibdó, Unguía, Yuto y Alto Andágueda (Chocó), y en Malambo, Caracolí, Puerto Colombia y Tubará (Atlántico).

Entre los problemas detectados se encuentra el estado precario de la infraestructura empleada para la conservación, manipulación y producción de alimentos, problemas en la contratación y la falta de garantías para los empleados.

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, afirmó que la infraestructura de esos centros educativos no era apta en el momento en que se iniciaron los programas para prestar servicio alimentario a los estudiantes de las regiones.

“A los niños se les está suministrando la alimentación en el piso, en las bibliotecas y otros escenarios, el tema de infraestructura es uno de los primeros problemas que se presentan, si no hay donde suministrar la alimentación por supuesto no hay donde prepararla”, manifestó Otálora.

En el Atlántico la institución resaltó un informe de la Secretaría de Salud departamental que analizó muestras de alimentos de 94 instituciones en las que fueron encontradas contaminación en más del 70 % de los productos.

En el Chocó se detectaron alimentos en mal estado de conservación y presuntas anomalías en el cumplimiento del contrato entre la Gobernación y la Fundación para la Gestión y el Desarrollo Social de Colombia.

Por último, la Defensoría aseguró que en el departamento de La Guajira los estudiantes pagan 200 pesos diarios para recibir la alimentación que es almacenada en el piso por falta de alacenas y refrigeradores.

Asimismo, Otálora manifestó que durante las visitas recibieron denuncias de pobladores del municipio de Barrancas que aseguraron haber recibido ofertas de candidatos a las elecciones regionales de octubre para transportar los estudiantes hasta los colegios.

“Le pido a la comisión anticorrupción que de manera directa se adelante una investigación penal, fiscal y disciplinaria porque no tiene presentación que los políticos de la región sigan haciendo ferias y fiestas con la plata de la educación de los niños”, añadió.